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PG - Guía de Buen Gobierno

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Preguntas Frecuentes - Guía de Buen Gobierno

 

Bloque 1. Ámbito de aplicación, obligatoriedad y plazos

 

¿No queda claro si las mutuales de nivel 2 de supervisión deben aplicarlo?

 No es obligatoria su aplicación bajo el principio de "adopte o explique". Según la Instrucción Primera, la Guía solo es aplicable de manera obligatoria (bajo dicho principio) a las cooperativas con sección de ahorro y crédito, los fondos de empleados de categorías plena e intermedia, y a las demás empresas solidarias supervisadas por la Delegatura Asociativa que se encuentren en el primer nivel de supervisión. Para entidades en nivel 2 (como una mutual de segundo nivel), la Instrucción Quinta establece que la adopción es una invitación voluntaria, previa realización de un análisis integral y documentado sobre su naturaleza, tamaño y complejidad.

¿Por qué no incluir las mutuales, así sea para decir que no aplica todo? No lo dejan a la interpretación.

Agradecemos la observación, que permite precisar el ámbito de aplicación de la Guía frente a las asociaciones mutuales. La Circular Externa No. 94 de 2025, en su instrucción primera, establece que la Guía es aplicable a las cooperativas de ahorro y crédito, a las multiactivas e integrales con sección de ahorro y crédito, a los fondos de empleados de categorías plena e intermedia y a “las demás empresas solidarias supervisadas por la Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria, que se encuentren en el primer nivel de supervisión”. La parte considerativa de la Circular precisa que esta aplicación se imparte a las empresas del primer nivel de supervisión independientemente de la actividad que realicen. En consecuencia, las asociaciones mutuales supervisadas por la Delegatura Asociativa que se encuentren en el primer nivel de supervisión hacen parte del ámbito de aplicación obligatorio, y de acuerdo con el cronograma de la instrucción segunda deberán iniciar la implementación a partir del 1° de julio de 2027. Las mutuales que no se encuentren en dicho nivel están invitadas a adoptar la Guía de manera voluntaria, según la instrucción quinta, previo un análisis integral y documentado de su naturaleza, tamaño y complejidad para determinar la aplicabilidad de todas o algunas de sus medidas. Respecto de la inquietud sobre las disposiciones que no les resulten aplicables, el principio de “adopte o explique” es el mecanismo previsto para ello. Cuando una recomendación no pueda implementarse por la naturaleza o particularidades de la entidad, la mutual deberá explicar de manera clara, razonada y justificada los motivos.

¿Es obligatoria la implementación de la Guía para nuestro fondo que es de tercer nivel de supervisión? De ser así, ¿cuáles son los plazos otorgados para su implementación?

No es obligatoria bajo el esquema de la Circular Externa 94. Para los fondos de empleados, la obligatoriedad de aplicar la Guía (bajo el principio de "adopte o explique") recae únicamente sobre aquellos que pertenecen a las categorías plena e intermedia. Para los demás, aplica la Instrucción Quinta (invitación a la adopción voluntaria), por lo cual no les aplica el cronograma ni los plazos establecidos en la Instrucción Segunda.

¿Este tema aplica para las Cooperativas Multiactivas sin ánimo de lucro?

Sí. Es importante precisar que las cooperativas son organizaciones sin ánimo de lucro, independientemente de que desarrollen actividades financieras o actividades del sector real. La aplicación de la Guía no depende exclusivamente de la finalidad o actividad económica de la organización, sino de los criterios establecidos en la Circular Externa 94 de 2025. En particular, las demás empresas solidarias que se encuentren clasificadas en el primer nivel de supervisión están dentro del ámbito de aplicación de la Guía, independientemente de la actividad que desarrollen. Para las organizaciones que no se encuentren dentro de este ámbito, la adopción es voluntaria, aunque la Superintendencia promueve su implementación.

¿Este Código de Buen Gobierno aplica para las cooperativas de aporte y crédito, porque la circular manifiesta que es para las de ahorro y crédito y fondos de empleados?

Es importante diferenciar el ámbito de aplicación obligatorio de la posibilidad de adopción voluntaria. La Circular Externa 94 de 2025 establece como destinatarias obligatorias de la Guía a:

  • Cooperativas de ahorro y crédito.
  • Cooperativas multiactivas e integrales con sección de ahorro y crédito.
  • Fondos de empleados de categorías plena e intermedia.
  • Las demás empresas solidarias supervisadas por la Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria que se encuentren en el primer nivel de supervisión. Por consiguiente, las cooperativas de aporte y crédito que no desarrollan actividad financiera y no están clasificadas en el primer nivel de supervisión no tienen la obligación de implementarla por esta disposición. Sin embargo, la Superintendencia invita a estas organizaciones a adoptar voluntariamente las recomendaciones de la Guía, teniendo en cuenta su naturaleza, tamaño, complejidad y características particulares.

Para una cooperativa de vivienda como la nuestra, única en Colombia, ¿cómo implementamos?

La implementación debe partir del reconocimiento de la naturaleza y particularidades de la organización solidaria. La Guía no pretende establecer un modelo uniforme que deba replicarse de manera idéntica en todas las organizaciones solidarias. Por el contrario, promueve prácticas de buen gobierno que deben analizarse según la actividad económica, el tamaño, la estructura, los riesgos y las características de cada organización solidaria. En el caso de una cooperativa de vivienda, se recomienda realizar un diagnóstico de sus prácticas actuales de gobierno, identificando los aspectos que resulten pertinentes para su operación. Adicionalmente, debe verificarse el nivel de supervisión de la cooperativa. Si se encuentra en el primer nivel de supervisión, la implementación será obligatoria conforme al cronograma establecido en la Circular 94. Si no se encuentra dentro de ese ámbito, podrá adoptarla voluntariamente.

Bloque 2. Principio "Adopte o Explique", voluntariedad y régimen sancionatorio

 

Me parece que es contradictorio que digan que son recomendaciones voluntarias de acoger pero lo tengan en cuenta para el esquema de supervisión / Los expositores expresan que son recomendaciones. ¿En qué momento se vuelven obligatorias, lo que advierte sanciones por incumplimiento?

La Circular aclara que la Guía contiene dos tipos de disposiciones dentro de sus 124 recomendaciones:

  • Están listadas taxativamente en la Instrucción Octava (numerales 1.1, 1.3, 1.5, 3.1, 3.6, 5.1 a, 5.1 c, 5.1 e, 5.3 a, 5.5 a, 7.1 a, 7.1 b, 8.1, 8.6, 8.7, 17.1 c, 18.3, 19.4, 19.6 y 30.3). Estas son siempre obligatorias según el tipo de entidad destinataria que indica la tabla, y su incumplimiento sí acarrea sanciones por vulnerar normas legales.
  • Son las demás prácticas de la Guía. La entidad obligada al ámbito de aplicación debe pronunciarse sobre ellas: si decide no adoptar alguna, debe explicar de manera clara, razonada y justificada los motivos (reportándolo anualmente a la Supersolidaria según la Instrucción Cuarta). La Circular precisa expresamente que no habrá lugar a sanciones por no adoptar recomendaciones que no correspondan a una obligación legal, siempre que se aplique debidamente el principio de "adopte o explique".
  • ¿Cuándo se vuelve obligatoria una recomendación voluntaria?Según la Instrucción Sexta, cuando la entidad decide adoptarla voluntariamente y la incorpora en sus estatutos o reglamentos internos; a partir de ese momento, su incumplimiento constituye una vulneración estatutaria o reglamentaria, lo cual sí es sancionable según la Instrucción Octava.

Con el fin de conservar el consecutivo asignado, ¿es posible interpretar su aplicación bajo el principio de «podrá» y no de «deberá», de manera que su adopción sea facultativa y no obligatoria?

Para responder es necesario distinguir el alcance de la Guía según el tipo de recomendación y el tipo de empresa solidaria, de acuerdo con la Circular Externa No. 94 de 2025. En primer lugar, para las empresas incluidas en el ámbito de aplicación de la instrucción primera (cooperativas de ahorro y crédito, multiactivas e integrales con sección de ahorro y crédito, fondos de empleados de categorías plena e intermedia y demás empresas del primer nivel de supervisión de la Delegatura Asociativa), la Guía no es de adopción meramente facultativa. Su implementación se realiza bajo el principio de «adopte o explique», que implica que estas entidades deben pronunciarse frente a la totalidad de las recomendaciones: adoptarlas o, si no pueden hacerlo, explicar de manera clara, razonada y justificada el motivo. Además, deben reportar a la Superintendencia el nivel de implementación alcanzado respecto de cada una de las ciento veinticuatro (124) recomendaciones (instrucción cuarta) y presentar el informe correspondiente a la Asamblea General (instrucción séptima). Por lo tanto, no es posible leer la Guía, en su conjunto, como un catálogo que se pueda simplemente ignorar. En segundo lugar, dentro de ese ámbito, las veinte (20) recomendaciones de origen legal relacionadas en la instrucción octava son de obligatorio cumplimiento para sus destinatarios, y frente a ellas no procede el principio de «adopte o explique». La Circular advierte expresamente que este principio no habilita a las entidades para dejar de cumplir normas de carácter obligatorio. En tercer lugar, es cierto que varias recomendaciones están redactadas con expresiones como «podrá», lo que refleja su carácter flexible y proporcional: la Guía no impone un modelo único de gobernanza, sino que permite a cada entidad definir la forma y la intensidad de su adopción según su naturaleza, tamaño y complejidad. Aun así, para las entidades del ámbito de aplicación, esa flexibilidad se ejerce dentro del deber de adoptar o explicar. Finalmente, para las empresas solidarias no incluidas en el ámbito de aplicación, la adopción sí es voluntaria; la Superintendencia las invita a adoptarla según la instrucción quinta, previo análisis documentado. Si la referencia a “conservar el consecutivo asignado” alude a la numeración de las medidas y recomendaciones, se sugiere mantenerla en los instrumentos internos de seguimiento, pues el mecanismo de reporte estará organizado por cada una de ellas.

¿Las empresas solidarias deberemos evaluar el costo/beneficio frente a las recomendaciones?

Efectivamente. La implementación de buenas prácticas debe considerar la naturaleza, el tamaño, la complejidad, las capacidades financieras y los riesgos de cada organización solidaria. Precisamente, la Guía incorpora el principio de «adopte o explique», que permite que las organizaciones analicen la pertinencia de cada recomendación y, cuando alguna no resulte aplicable o viable por sus características particulares, expliquen de manera clara, razonada y documentada las razones para no adoptarla. Esto no significa que las organizaciones puedan dejar de cumplir las disposiciones legales obligatorias. El principio de «adopte o explique» opera frente a las recomendaciones que no tienen origen legal obligatorio.

Bloque 3. Documentación obligatoria, estatutos, reportes y acceso a la Guía

 

Se debe profundizar en los actos concretos, es decir, en la documentación obligatoria que ha de adoptarse de cara al cumplimiento de las medidas que tienen base legal. Para las recomendaciones voluntarias, debe adelantarse una sesión dedicada a la metodología para adelantar un análisis razonable sobre la implementación (ej. ¿de qué sirve tener un órgano consultivo?).

Respecto a las medidas con base legal (Instrucción Octava), la circular especifica los actos y documentos concretos que deben existir, tales como:

  • Política general de remuneración de órganos de administración y control aprobada por Asamblea (3.1).
  • Políticas de información para divulgar perfiles de candidatos previo a elecciones (5.1 a).
  • Políticas de comunicación e información sobre decisiones de la Asamblea o de delegados (5.5 a y 7.1 b).
  • Políticas, criterios y herramientas documentadas en acta sobre la participación de miembros suplentes (8.6).
  • Políticas documentadas de atención de gastos y presupuesto para inducción, capacitación y evaluación del órgano de administración (8.7).
  • Reglamento interno que defina responsabilidades, faltas, sanciones y debido proceso (17.1 c).
  • Informe Anual de Gobierno Corporativo al cierre del ejercicio (30.3).
  • Nota sobre metodología y órganos consultivos: La Circular Externa 94 no desarrolla la metodología paso a paso para evaluar la conveniencia de cada recomendación voluntaria ni regula el detalle de los órganos consultivos (temas propios del texto de la Guía anexa o de sesiones de capacitación), limitándose a indicar en la Instrucción Quinta que dicho análisis debe ser integral, documentado y acorde a la naturaleza, tamaño y complejidad de la entidad.

Si ya tengo el manual aprobado por asamblea, ¿para sus modificaciones debe esperar la asamblea?

Depende de qué instrumento interno se modifique y de la competencia fijada en la entidad. La Instrucción Sexta indica que para garantizar la eficacia de la adopción de las recomendaciones, la entidad debe efectuar las inclusiones, modificaciones o adiciones en sus estatutos o reglamentos internos, de acuerdo con la reglamentación interna de cada empresa solidaria. Si se trata de una reforma estatutaria o de políticas de competencia exclusiva de la Asamblea (como la política de remuneración de directivos del numeral 3.1), deberá esperarse a la Asamblea. Por otro lado, la Instrucción Séptima exige que en las reuniones ordinarias de la Asamblea General se presente un informe anual sobre la implementación de la Guía y sus resultados.

¿Cada cuánto se deben cambiar los estatutos?

No existe una periodicidad general que obligue a las organizaciones solidarias a modificar sus estatutos cada determinado número de años. Los estatutos deben actualizarse cuando existan cambios normativos, modificaciones en la estructura organizacional, nuevas necesidades de gobierno, ajustes en el modelo de operación o cuando se identifiquen disposiciones que requieran actualización. Lo recomendable es realizar revisiones periódicas para verificar que su contenido continúe respondiendo a la realidad de la organización y a las disposiciones legales vigentes. Es importante recordar que la implementación de las recomendaciones de la Guía puede requerir ajustes estatutarios o reglamentarios, según lo establecido en la Circular Externa 94 de 2025.

¿Bajo qué esquema o metodología cualitativa/cuantitativa específica se deben consolidar y presentar los resultados de dicha evaluación? De la evaluación de los principios a la Super, ¿entregarán algún formato? ¿Alguna plataforma? ¿Existe una proforma, plantilla en Excel o formato estandarizado definido por la Supersolidaria para tal fin, o la entrega debe realizarse mediante informe ejecutivo libre en PDF?

La Circular Externa No. 94 de 2025, en su instrucción cuarta, dispone que los destinatarios de la Guía para la implementación de mejores prácticas de buen gobierno deberán informar a esta Superintendencia el nivel de implementación alcanzado, y que la Supersolidaria podrá requerir dicho reporte “a través de los medios y con la periodicidad que se establezcan para tal efecto”. En consecuencia, el reporte no se realizará mediante un informe ejecutivo libre, sino a través del medio que disponga la Superintendencia, el cual será dado a conocer oportunamente a las empresas solidarias supervisadas. La misma instrucción fija las características mínimas que tendrá ese mecanismo. Según el parágrafo 2°, el medio de reporte deberá identificar de forma clara las recomendaciones que tienen origen legal y que, por lo tanto, son de obligatorio cumplimiento (las veinte (20) relacionadas en la instrucción octava), y aquellas cuya aplicación se enmarca en el principio de “adopte o explique”. Igualmente, deberá permitir que cada empresa se pronuncie de forma específica respecto de la implementación de cada una de las ciento veinticuatro (124) recomendaciones que contiene la Guía. Así, la metodología de reporte será estructurada por recomendación, de manera que la entidad indique, frente a cada una, si la adoptó o, en su defecto, la explicación clara, razonada y justificada de su no adopción. En cuanto a la oportunidad, el parágrafo 1° de la instrucción cuarta señala que el primer reporte se realizará el día hábil siguiente al cumplirse el año de la fecha de implementación prevista en el cronograma de la instrucción segunda para cada tipo de empresa solidaria. Por ejemplo, para las cooperativas de ahorro y crédito y los fondos de empleados de categoría plena, cuya implementación inició a partir del 1° de abril de 2026, el primer reporte se efectuará a partir del 2 de abril de 2027.

Sería interesante si desde la Superintendencia se creara una herramienta de seguimiento en la aplicación de la Circular, implementada por cada numeral o fase de implementación.

La Superintendencia agradece esta propuesta, que coincide con el enfoque adoptado en la Circular Externa No. 94 de 2025. La instrucción cuarta dispone que los destinatarios deberán informar a la Supersolidaria el nivel de implementación alcanzado, a través de los medios y con la periodicidad que se establezcan para tal efecto, con fundamento además en el numeral 2 del artículo 36 de la Ley 454 de 1998, que faculta a la Superintendencia para establecer el régimen de reportes periódicos u ocasionales de las entidades sometidas a su supervisión. El parágrafo 2° de dicha instrucción establece que el medio de reporte deberá identificar de forma clara las recomendaciones de origen legal, de obligatorio cumplimiento, y aquellas cuya aplicación se enmarca en el principio de «adopte o explique». También deberá permitir que cada empresa se pronuncie de forma específica respecto de la implementación de cada una de las ciento veinticuatro (124) recomendaciones de la Guía. En otras palabras, la herramienta de seguimiento prevista por la Circular será granular, recomendación por recomendación, en la línea de lo que propone su comentario.

¿Cómo puedo tener el contenido de la Guía? / ¿Cómo podemos acceder a la Guía Supersolidaria? / ¿Cómo puedo descargar la guía?

La Guía constituye el documento anexo oficial de la Circular Externa No. 94 de 2025 ("Anexo: Guía para la implementación de mejores prácticas de buen gobierno para empresas solidarias supervisadas por la superintendencia de economía solidaria"), la cual se publica en el Diario Oficial y se encuentra disponible para consulta y verificación en la Sede Electrónica y portal web de la Superintendencia de la Economía Solidaria https://sedeelectronica.supersolidaria.gov.co.

¿Es posible que nos suministre las memorias de la exposición al correo?

Sí. Revisar cuál será la mejor forma de compartirlo.

Bloque 4. Asamblea General, Delegados y Balance Social

 

Si debo implementarla en enero del 2027 y este año no se informó a la asamblea la implementación, ¿es necesario hacer una asamblea extraordinaria antes de finalizar el 2026?

No es necesario convocar una asamblea extraordinaria antes de finalizar el año 2026, dado que, de acuerdo con el cronograma de la instrucción segunda de la Circular Externa No. 94 de 2025, la fecha del 1° de enero de 2027 corresponde a las cooperativas de ahorro y crédito de categoría básica. Como lo ha precisado esta Superintendencia, las fechas del cronograma son de inicio del proceso de implementación de las recomendaciones que se rigen por el principio de “adopte o explique”, el cual se desarrolla de manera progresiva. En cuanto al informe a la Asamblea, la instrucción séptima dispone que las empresas supervisadas deberán presentar en las reuniones ordinarias de sus asambleas generales un informe sobre la implementación de las recomendaciones y de los resultados obtenidos. Respecto de las decisiones que requieran aprobación de la Asamblea, como las reformas estatutarias derivadas de la adopción de recomendaciones (instrucción sexta), estas pueden someterse a consideración de la reunión ordinaria, que se celebra dentro de los tres primeros meses del año. Como la implementación es progresiva y la fecha señalada es de inicio, la entidad puede programar estas reformas para la asamblea ordinaria de 2027 sin necesidad de una reunión extraordinaria. Las asambleas extraordinarias están previstas para asuntos imprevistos o de urgencia que no puedan postergarse hasta la siguiente reunión ordinaria.

¿En el orden del día de la convocatoria a la asamblea (ordinaria o extraordinaria) debe ir un punto específico de implementación del Código de Buen Gobierno, el cual debe entregar el gerente?

  • (Respuesta 1): La Circular Externa 94 de 2025 establece que las organizaciones que adopten la Guía deben presentar, en sus reuniones ordinarias de Asamblea General, un informe sobre el nivel de implementación de las recomendaciones y los resultados obtenidos. Por lo anterior, es recomendable incorporar expresamente en el orden del día un punto denominado, por ejemplo, Informe de implementación de la Guía de Buen Gobierno, con el propósito de garantizar que los asociados conozcan los avances, las decisiones adoptadas y los aspectos que se encuentran pendientes. No se establece que necesariamente deba aprobarse un punto independiente denominado implementación del Código, pero sí debe garantizarse la presentación del informe correspondiente.
  • (Respuesta 2 - Precisión sobre asambleas ordinarias y extraordinarias): La Circular Externa No. 94 de 2025, en su instrucción séptima, dispone que las empresas solidarias supervisadas que adopten la Guía, de conformidad con esa Circular o de manera voluntaria, “deberán presentar en las reuniones ordinarias de sus asambleas generales un informe sobre la implementación de las recomendaciones de la misma y de los resultados obtenidos”. Por lo tanto, la obligación de presentar este informe está referida a las reuniones ordinarias, no a las extraordinarias, salvo que en una de estas últimas se vaya a tratar específicamente un asunto relacionado. En cuanto a la forma de incluirlo en el orden del día, la Circular no exige expresamente que se trate de un punto autónomo. Sin embargo, la Guía recomienda en el numeral 5.4 a) que los temas de trascendencia se consideren en primera instancia y que no se incluyan como “otros” o “proposiciones y varios”. La recomendación 5.3 a), de origen legal para las cooperativas de ahorro y crédito y los fondos de empleados de categoría plena, exige que el acto de convocatoria contenga el orden del día de la reunión. Por ello, la buena práctica es que el informe de implementación de la Guía figure como un punto identificable del orden del día, o al menos expresamente señalado dentro de los informes de gestión, y que se pongan a disposición de los asociados los anexos necesarios con la convocatoria (recomendación 5.3 b).

Consulta Medida No. 6: en el detalle de la medida habla de que los presidentes de comités deben asistir a la asamblea. Esto no es ley, y siendo comités de apoyo del Consejo o Junta, ¿es obligatorio?

La Medida No. 6 de la Guía, «Asistencia de los miembros de los órganos permanentes de administración y control a la reunión de la Asamblea General», recomienda que el reglamento de la Asamblea exija la asistencia de los miembros del órgano permanente de administración y, muy especialmente, de los presidentes de sus principales comités, de la junta de vigilancia a través de su representante o vocero, del representante legal o gerente, de los funcionarios directivos y del revisor fiscal. Su finalidad es revitalizar el papel de la Asamblea General y que estas personas puedan responder las inquietudes de los asociados. Tiene razón en que esta medida no corresponde a una obligación de origen legal. La instrucción octava de la Circular Externa No. 94 de 2025 relaciona de forma taxativa las veinte (20) recomendaciones de la Guía que tienen fuente normativa y son, por lo tanto, de obligatorio cumplimiento, y la Medida No. 6 no se encuentra en ese listado. En consecuencia, para las entidades incluidas en el ámbito de aplicación de la Circular, esta medida se rige por el principio de «adopte o explique»: la empresa solidaria podrá adoptarla o, si por sus características o circunstancias propias no puede o no considera pertinente hacerlo, explicar de manera clara, razonada y justificada el motivo de su decisión.

¿Es prudente que asociados menores de edad puedan ser elegidos como delegados en las Asambleas de la cooperativa, considerando que para ser integrante de Consejo de Administración debe participar como delegado con los requisitos que exige la normativa?

Esta situación requiere diferenciar dos condiciones: la participación como delegado en la Asamblea General y la posibilidad de integrar posteriormente el Consejo de Administración. La organización debe verificar lo establecido en la Ley 79 de 1988, los mayores de 14 años pueden participar en las reuniones de la asamblea y los menores de 14 años deberán hacerlo a través de su representante legal, las disposiciones aplicables sobre capacidad legal y los requisitos previstos en sus estatutos para ser asociado, delegado e integrante de los órganos de administración. La posibilidad de participar como delegado no debe entenderse automáticamente como habilitación para integrar el Consejo de Administración. Para este último cargo deben cumplirse todos los requisitos legales, estatutarios y reglamentarios de elegibilidad.

Ya que la asamblea es una vez al año, los delegados deberían estar enterados cada mes o cada dos meses para estar enterados en la entidad solidaria. Mucha información amarrada, siempre y cuando ya aprobada.

El comentario resulta pertinente y está en línea con el eje central de la Guía, el acceso adecuado a la información por parte de todos los asociados, sobre el cual se construye todo el documento. El artículo 4 de la Ley 454 de 1998 consagra como principio la “formación e información para sus miembros, de manera permanente, oportuna y progresiva”, y el artículo 2.11.11.2.2 del Decreto 1068 de 2015, adicionado por el Decreto 962 de 2018, regula la información que debe estar de manera permanente a disposición de los asociados. En desarrollo de lo anterior, la Guía contiene varias recomendaciones relacionadas con su inquietud. La recomendación 1.1, de origen legal, exige un trato igualitario en el acceso a la información, que permita a los asociados un conocimiento apropiado de la marcha y situación de la empresa y disponer de elementos de juicio suficientes para decidir de manera informada. La recomendación 2.3 propone que la empresa presente información de su gestión a los asociados por sus medios de comunicación oficiales. Específicamente frente a los delegados, la recomendación 7.1 b), también de origen legal para las cooperativas de ahorro y crédito y los fondos de empleados de categoría plena, establece que el reglamento de la asamblea de delegados debe contener políticas que garanticen la comunicación a los asociados de las decisiones tomadas en asamblea por parte de los delegados. La recomendación 5.5 a) contempla adoptar políticas de comunicación sobre las decisiones de la Asamblea dirigidas a todos los asociados, incluidos los que no participaron en la reunión. La Guía no fija una periodicidad específica (mensual o bimestral) para informar a los delegados entre una asamblea y otra; esa definición corresponde a la autonomía de cada empresa solidaria. Nada impide que la entidad establezca en su política de revelación de información (recomendaciones 1.2 y 27.1) o en el reglamento de la asamblea de delegados prevea espacios periódicos de información, los cuales deben ser adecuados al tamaño, base social y demás particularidades de cada entidad, de forma que sean proporcionales a las mismas. No obstante, deben tenerse en cuenta dos precisiones. Por una parte, los delegados no tienen funciones de administración entre asambleas, pues la dirección permanente corresponde al consejo de administración o junta directiva. Por otra, la información que se comparta debe respetar los límites legales, de modo que no se revele información confidencial o cuya divulgación pueda ser utilizada en detrimento de la empresa solidaria (recomendación 2.1), ni datos personales sin observar la política de protección de datos.

La Circular Externa 87 instruye a los fondos de empleados sobre el Balance Social, cuyos resultados deben presentarse a la Asamblea General. Sin embargo, el informe de la ADA presenta inconsistencias.

La Guía para la implementación de mejores prácticas de buen gobierno reconoce la importancia del balance social como instrumento de rendición de cuentas ante los asociados. La recomendación 3.6 señala, dentro de las funciones de la Asamblea General, la de examinar los informes anuales de la empresa solidaria, en los cuales se recomienda incluir un componente referente a los resultados del balance social y lo establecido en la Circular Básica Contable y Financiera en la materia, para los casos en que aplique. Esta recomendación está incluida en el listado de recomendaciones de origen legal de la instrucción octava de la Circular Externa No. 94 de 2025. Su fuente normativa es el numeral 4 del artículo 34 de la Ley 79 de 1988, la Circular Básica Contable y Financiera y las Circulares Externas No. 23 de 2020, para cooperativas de ahorro y crédito, y No. 87 de 2025, para fondos de empleados. Aplica a todas las entidades vigiladas, conforme a la ley aplicable. Para los fondos de empleados, la presentación de los resultados del balance social a la Asamblea General es, por lo tanto, de obligatorio cumplimiento en los términos de la Circular Externa No. 87 de 2025. La Guía complementa esta obligación en la recomendación 10.2, según la cual la preparación y presentación del balance social permite incluir en el informe de gestión información sobre el cumplimiento, entre otros, del principio de gestión democrática. Para ello contempla indicadores como el número de reuniones, la asistencia de los miembros del órgano permanente de administración, la renovación de los órganos de administración y control, el porcentaje de rotación y la equidad de género, los cuales forman parte de la evaluación del desempeño de dicho órgano. Así mismo, la Medida No. 29 incluye el informe de balance social dentro de la información de gobierno corporativo que se recomienda divulgar a los asociados. En relación con las inconsistencias que menciona en el informe, el comentario no permite identificar con precisión a qué documento o herramienta se refiere ni en qué consisten. Por ello, lo invitamos a presentar su inquietud a través de los canales oficiales de atención de la Superintendencia, indicando la entidad, el documento o herramienta, los datos o resultados que considera inconsistentes y los soportes correspondientes, para que el área competente la analice y dé respuesta de fondo. Si se trata de inconsistencias en el balance social de una entidad en particular, recuerde que el órgano de control social y la revisoría fiscal, en el ámbito de sus competencias, son instancias internas para canalizar estas observaciones, y que los asociados pueden formularlas en la Asamblea General al examinar los informes.

Bloque 5. Órganos de administración: periodos, roles, suplentes, comités y remuneración

 

¿Quién tiene la responsabilidad de implementar la guía y es de obligatorio cumplimiento los periodos sugeridos para los directivos?

La implementación del buen gobierno es una responsabilidad institucional que involucra a los diferentes órganos de la organización, cada uno dentro del ámbito de sus competencias. En términos generales:

  • Asamblea General: ejerce las competencias que le corresponden, adopta las decisiones de su competencia y conoce el informe anual de implementación.
  • Consejo de Administración o Junta Directiva: lidera y orienta la adopción de las prácticas, aprueba las políticas y realiza seguimiento a su implementación.
  • Gerencia: ejecuta las decisiones y desarrolla las acciones operativas necesarias.
  • Órganos de control: realizan seguimiento desde sus respectivas competencias y promueven el cumplimiento de las disposiciones legales, estatutarias y reglamentarias. En relación con los períodos de permanencia de los directivos, la Guía plantea como buena práctica que los períodos de ejercicio de los integrantes del órgano permanente de administración no superen tres años, permitiendo una reelección por un período adicional, considerando los resultados de las evaluaciones de desempeño. Es importante precisar que esta recomendación no debe interpretarse como una modificación automática de los períodos estatutarios ni como una obligación legal general aplicable a todas las organizaciones. Cada entidad debe revisar su marco legal y estatutario y analizar la pertinencia de adoptar esta recomendación. Si decide no hacerlo, deberá aplicar el principio de «adopte o explique», cuando corresponda. La finalidad es promover la renovación, la participación democrática, la evaluación del desempeño y evitar la permanencia indefinida en los órganos de administración.

¿Es la entidad quien define el periodo de los miembros de junta directiva en sus estatutos? / ¿Existe algún lineamiento legal para el límite de periodos que un miembro de Junta Directiva pueda mantenerse en este tipo de cargo?

En la tabla de recomendaciones de origen legal obligatorio de la Instrucción Octava de la Circular Externa 94 (numerales 8.1, 8.6 y 8.7 relativos al órgano permanente de administración) no se establece un límite legal obligatorio de periodos ni se fija la duración del mandato. Por lo tanto, al no ser una imposición legal listada en dicha instrucción, la definición de los periodos y los posibles límites a la reelección corresponden a la autonomía estatutaria de cada entidad (o a la adopción voluntaria de la recomendación específica dentro de la Guía bajo el principio "adopte o explique").

Inquietud: veo consejos de administración donde los miembros se perpetúan y como la circular indica que es voluntaria todos continúan porque no quieren salir... ¿cómo se debe definir ya que a la asamblea no se presenta esa reforma de tiempo de estos organismos?

Dado que la limitación de periodos no hace parte de las obligaciones legales taxativas de la Instrucción Octava, su adopción se rige por el principio de "adopte o explique" (Instrucción Tercera). Aunque no sea obligatorio reformar el estatuto para limitar los periodos, la administración sí está obligada (si está en el ámbito de aplicación) a:

  • Reportar a la Supersolidaria de manera clara, razonada y justificada por qué no adopta la recomendación de limitar los periodos (Instrucción Tercera y Cuarta).
  • Presentar anualmente ante la Asamblea General ordinaria un informe sobre el nivel de implementación de las recomendaciones de la Guía (Instrucción Séptima), espacio donde los asociados pueden conocer qué recomendaciones no se están adoptando y exigir cuentas o proponer reformas estatutarias.

¿Hasta dónde puede injerir el consejo de administración en la toma de decisiones del negocio y dar órdenes al equipo de trabajo de la gerencia? Es importante dejar claro las funciones y responsabilidades de cada uno, incluyendo junta de vigilancia.

La Circular Externa 94 en su cuerpo normativo no detalla la delimitación operativa entre Consejo y Gerencia (lo cual se desarrolla en el articulado de la Guía anexa); sin embargo, en la Instrucción Octava sí reafirma las funciones legales obligatorias de los órganos de control social (Junta de Vigilancia / Comité de Control Social):

  • Numeral 18.3: Canalizar la información de los asociados interesados en postularse a elecciones y verificar el cumplimiento de requisitos reglamentarios.
  • Numeral 19.4: Conocer las quejas o reclamos de los asociados y hacer seguimiento a su tratamiento y solución oportuna por parte de la administración.
  • Numeral 19.6: Conocer los resultados de los procesos sancionatorios o de exclusión realizados por la administración para valorar la aplicación del debido proceso.
  • Numeral 17.1 c: Las responsabilidades específicas, faltas y sanciones de los miembros deben quedar claramente definidas en el reglamento interno en concordancia con los estatutos.

¿Cuál es la posición de la Superintendencia relacionada con la participación de miembros suplentes en las reuniones de Junta Directiva, cuando los principales asisten?

La Guía regula esta materia en la Medida No. 8, relativa al órgano permanente de administración (consejo de administración o junta directiva). La recomendación 8.6, sobre la participación de los miembros suplentes, dispone que la empresa solidaria definirá las políticas, criterios y herramientas de participación de los suplentes, que en todo caso estarán apropiadamente delimitados para garantizar que esta participación no afecte la toma de decisiones por parte de los miembros principales, lo cual deberá quedar debidamente documentado en el acta de la reunión. Esta recomendación hace parte del listado de recomendaciones de origen legal de la instrucción octava de la Circular Externa No. 94 de 2025. Su fuente es el artículo 2.11.11.4.3 del Decreto 1068 de 2015, adicionado por el Decreto 962 de 2018 y es de obligatorio cumplimiento para las cooperativas de ahorro y crédito y los fondos de empleados de categoría plena. En consecuencia, la posición que se desprende de la norma y de la Guía es que la participación de los suplentes cuando asisten simultáneamente con los principales no está prohibida, pero debe estar prevista en su reglamento, estableciendo con qué periodicidad o en qué casos, si hay lugar a compensación o retribución, y demás condiciones de su participación. En ese sentido, el suplente actúa con voto sólo cuando reemplaza al principal ausente, en los términos estatutarios y en consecuencia, su presencia, cuando el principal asiste, puede tener un carácter informativo o de preparación, sin que interfiera en la deliberación ni en la votación de los principales. En el acta debe dejarse constancia de los suplentes asistentes y de la calidad en que participaron.

¿Hasta qué punto el comité de apoyo para el Consejo o Junta Directiva no entra a ser un "Administrador de Hecho" y por ende un "Co-Directivo"?

La Guía contempla la posibilidad de conformar comités consultivos como instancias de apoyo técnico especializado para el órgano permanente de administración. Sin embargo, establece una distinción fundamental: estos comités tienen una función de asesoría y apoyo, pero no cuentan con facultades jurídicas de gestión, administración o representación de la organización solidaria. Por tanto, el límite está en que sus integrantes no pueden sustituir al Consejo o Junta Directiva en la toma de decisiones, asumir competencias propias de sus miembros, impartir instrucciones administrativas en nombre del órgano ni ejercer funciones de representación. Los comités pueden analizar, recomendar, emitir conceptos y presentar propuestas, pero las decisiones deben ser adoptadas por el órgano competente y quedar debidamente documentadas en sus actas e instrumentos de decisión y seguimiento.

No me parece que la bonificación por el trabajo adicional de la gerencia sea aprobado por la asamblea pues ellos no valoran e identifican el trabajo del gerente. Esa potestad debería dársela a la junta que conocen el cómo se lograron los resultados.

La Guía plantea que la Asamblea General tenga un papel fundamental en la aprobación de la política general de remuneración de los órganos de administración y control, así como de la Alta Gerencia cuando exista un componente variable vinculado a los resultados de la organización y ponderado por los resultados del balance social. Sin embargo, es importante distinguir entre la aprobación de una política general de remuneración y el reconocimiento de una bonificación específica por actividades o responsabilidades adicionales. Este último aspecto deberá analizarse de acuerdo con las competencias establecidas en los estatutos, reglamentos y las políticas internas de la organización. En todo caso, el reconocimiento económico debe responder a criterios objetivos, transparentes y previamente definidos, evitando decisiones discrecionales y garantizando la sostenibilidad financiera de la organización solidaria.

Bloque 6. Control social (Junta de Vigilancia)

 

¿Es obligatorio citar a los de control social a las reuniones de junta, y se les debe pagar incentivos?

Respecto de la asistencia del órgano de control social a las reuniones del órgano permanente de administración, la recomendación 19.2 de la Guía señala que la asistencia de uno o varios miembros de la junta de vigilancia o del comité de control social a dichas reuniones “será recomendable cuando este lo considere pertinente, con una periodicidad mínima establecida”. Su participación tendrá carácter informativo, con voz pero sin voto, y permitirá un mejor conocimiento de la toma de decisiones, especialmente en lo relacionado con la implementación de nuevos beneficios para los asociados o posibles barreras de acceso a los ya existentes. Esta recomendación no hace parte del listado de recomendaciones de origen legal de la instrucción octava de la Circular Externa No. 94 de 2025. Por lo tanto, no constituye una obligación legal; su adopción se rige por el principio de «adopte o explique» para las entidades incluidas en el ámbito de aplicación. La empresa solidaria que la adopte deberá definir en sus reglamentos la periodicidad mínima y las condiciones de esa participación, la cual no implica en ningún caso que el órgano de control social coadministre la entidad. En cuanto al pago de incentivos, no existe en la Guía, ni en las normas aplicables una regla sobre pagos para este caso específico. Los artículos 2.11.11.4.3 y 2.11.11.6.4 del Decreto 1068 de 2015, adicionados por el Decreto 962 de 2018, que son de obligatoria observancia para las cooperativas de ahorro y crédito y los fondos de empleados de categoría plena, es que, en los casos en que en sus estatutos contemplen la posibilidad de remunerar a los miembros de dichos órganos, deben contar con política general de remuneración del órgano permanente de administración y del órgano de control, de acuerdo con el tamaño y la capacidad de la empresa solidaria. En consecuencia, cualquier reconocimiento económico a los miembros del órgano de control social, por ejemplo, por asistencia a reuniones, debe estar previsto en una política general adoptada por el órgano competente de la entidad, en armonía con lo que dispongan sus estatutos.

¿Es apropiado que los miembros de la junta de vigilancia solo puedan acceder a su reglamento interno vía página Web? Y ¿de qué manera se pueden tener mayores espacios de capacitación a los estamentos de Control social?

La publicación del reglamento interno en la página web es un mecanismo válido de acceso a la información, siempre que garantice que todos los integrantes puedan consultarlo de manera permanente, oportuna y efectiva. Sin embargo, no debería convertirse en una barrera para quienes tengan dificultades de acceso a medios tecnológicos. La organización solidaria debe disponer de mecanismos alternativos, como copias digitales, documentos físicos o canales institucionales de consulta. En cuanto a la capacitación, la Guía promueve la formación permanente de los asociados, administradores y trabajadores. Por ello, es importante que las organizaciones solidarias desarrollen programas específicos para los integrantes de los órganos de control social; la formación no debe limitarse a una inducción al momento de la elección, sino constituir un proceso continuo.

¿Qué pasa cuando los principales de Junta de Vigilancia han omitido requisito para un postulante y esta gana, y los suplentes pasado el tiempo se dan cuenta?

Lo primero es determinar la naturaleza del requisito omitido y establecer si corresponde a una exigencia legal, estatutaria o reglamentaria para acceder al cargo. Si se identifica que el candidato elegido no cumplía los requisitos de elegibilidad al momento de su postulación, la organización debe adelantar una revisión documentada de la situación, verificar los soportes y establecer las consecuencias jurídicas de la irregularidad. También debe analizarse la responsabilidad de quienes tenían a su cargo la verificación de los requisitos, así como la actuación de los órganos involucrados en el proceso electoral. La identificación posterior de la situación por parte de los suplentes no produce automáticamente la pérdida de la elección ni habilita por sí sola a los suplentes para desconocerla. Se deben utilizar los procedimientos estatutarios y legales correspondientes, garantizando el debido proceso.

Bloque 7. Auditoría interna, Revisoría Fiscal, Riesgos y Control Interno (COSO)

 

Lo relacionado a la Auditoría Interna, ¿debe o no depender de la Alta Gerencia? Según COSO debe ser del Consejo, ¿qué dice la Supersolidaria? / ¿La jerarquía desde la cual se debe tener a la auditoría interna para la Supersolidaria, que dependa de la gerencia o del consejo de administración?

La independencia de la Auditoría Interna es un elemento fundamental para garantizar la objetividad de sus evaluaciones y la efectividad del sistema de control interno. La Guía de Buen Gobierno establece expresamente, en la recomendación 26.4, que el máximo responsable de Auditoría Interna debe mantener una relación de independencia profesional respecto de la Alta Gerencia, mediante su dependencia funcional exclusiva del Comité de Auditoría, si existe, o del órgano permanente de administración. Adicionalmente, la recomendación 26.5 establece que el nombramiento y la remoción del responsable de Auditoría Interna son responsabilidad del órgano permanente de administración, a propuesta del Comité de Auditoría, cuando exista. Esto significa que la Auditoría Interna no debe estar sometida funcionalmente a la Alta Gerencia, pues precisamente una de sus responsabilidades es evaluar la gestión, los controles y los procesos desarrollados por la administración. Sin embargo, es posible que existan mecanismos de coordinación administrativa para efectos operativos, presupuestales o logísticos, siempre que no comprometan su independencia, autonomía ni capacidad para reportar directamente los resultados de sus evaluaciones al órgano competente. Por tanto, la orientación de la Supersolidaria es que la Auditoría Interna cuente con independencia funcional y reporte al Comité de Auditoría o al Consejo de Administración, según corresponda, fortaleciendo así la arquitectura de control de la organización.

Si una firma de Auditoría puede hacer rotación del Revisor designado, se sugiere procurar la rotación de la firma.

Dentro de la Circular Externa 94, la rotación de la firma de auditoría o del revisor fiscal no figura dentro del listado de recomendaciones de carácter legal obligatorio de la Instrucción Octava. En consecuencia, cualquier sugerencia sobre la rotación de la firma contenida en la Guía tiene carácter de recomendación voluntaria sujeta al principio de "adopte o explique" (Instrucción Tercera), permitiendo a la entidad justificar si mantiene la firma rotando únicamente el profesional designado, sin que ello genere sanciones.

¿Es necesario implementar plenamente el sistema COSO en la entidad?

No. La Guía de Buen Gobierno no establece la obligación de implementar integralmente el modelo COSO. Lo que busca es fortalecer la arquitectura de control de las organizaciones solidarias, promoviendo elementos como el ambiente de control, la gestión de riesgos, las actividades de control, la información, la comunicación y el monitoreo. COSO es un marco de referencia que puede servir como herramienta para estructurar y fortalecer el sistema de control interno, pero su adopción integral no constituye una exigencia general derivada de la Circular Externa 94 de 2025.

¿Se debe dejar matriz de riesgos aparte para todo lo que tiene que ver con gobierno corporativo?

La Circular Externa 94 no imparte ninguna instrucción ni obligación legal respecto a la creación de una matriz de riesgos independiente o separada exclusivamente para gobierno corporativo.

Bloque 8. Ética, transparencia, seguridad de la información y derecho de inspección

 

¿La elaboración y divulgación del código de ética es una función del oficial de cumplimiento? ¿El código de ética y código de conducta son lo mismo? / Antes era tarea del oficial de cumplimiento hacer conocer el código de ética, ahora tal parece que esta responsabilidad la colocan a Junta de vigilancia y Control interno.

La Circular Externa 94 no contiene disposiciones sobre el Oficial de Cumplimiento, ni establece distinciones entre código de ética y código de conducta, ni traslada funciones de divulgación ética a la Junta de Vigilancia o Control Interno. En la Circular, las obligaciones legales de divulgación e información asignadas a la entidad y al órgano de control social se refieren específicamente a: deberes y derechos de los asociados (1.5), perfiles de candidatos (5.1 a), decisiones de Asamblea (5.5 a) y verificación de requisitos electorales, seguimiento a quejas y revisión del debido proceso en sanciones por parte del control social (18.3, 19.4, 19.6). (Las menciones al código de ética/conducta corresponden al contenido interno de la Guía anexa, bajo el principio "adopte o explique").

¿En la política de seguridad de la información es importante publicar todo el documento o puede ser un extracto de la misma?

La Guía contempla la divulgación de la política de seguridad de la información como parte de los mecanismos de transparencia y acceso a la información de la organización solidaria. No obstante, es necesario diferenciar entre divulgar la política institucional y revelar información técnica que pueda comprometer la seguridad de la organización. En consecuencia, la organización puede disponer de una versión pública o un extracto que permita conocer los principios, objetivos, responsabilidades y lineamientos generales de la política, sin exponer detalles sensibles como configuraciones tecnológicas, controles específicos, vulnerabilidades, credenciales o procedimientos de seguridad cuya divulgación pueda generar riesgos. Lo importante es garantizar transparencia frente a los asociados y demás grupos de interés, preservando al mismo tiempo la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información.

El derecho de inspección que tienen los asociados, ¿hasta dónde tiene alcance, en qué momento lo puede solicitar, qué información puede solicitar y cómo debe realizarlo?

En primer lugar, es necesario distinguir el derecho de inspección del derecho de información de los asociados, como lo ha precisado esta Superintendencia. El derecho de información tiene fundamento en el principio de “formación e información para sus miembros, de manera permanente, oportuna y progresiva” (artículo 4 de la Ley 454 de 1998) y en el artículo 2.11.11.2.2 del Decreto 1068 de 2015, adicionado por el Decreto 962 de 2018, sobre la información que debe estar de manera permanente a disposición de los asociados; la Guía lo desarrolla en sus medidas 1, 2 y 27. El derecho de inspección, en cambio, no se encuentra regulado en las leyes especiales que regulan los diferentes tipos asociativos de las empresas pertenecientes al sector de la economía solidaria, sino que se aplica lo previsto en el artículo 447 del Código de Comercio y el artículo 48 de la Ley 222 de 1995, en virtud de la remisión normativa consagrada en el artículo 158 de la Ley 79 de 1988. Respecto de la oportunidad, el derecho de inspección se ejerce dentro del término previo a la reunión ordinaria de la Asamblea General en la que se consideren los estados financieros de fin de ejercicio, que según las normas mencionadas corresponde a los quince (15) días hábiles anteriores a la reunión, o el que señalen los estatutos. En cuanto a su alcance, durante ese término la administración debe poner a disposición de los asociados, en las oficinas de la administración, los libros y papeles de la entidad: los estados financieros con sus notas, el informe de gestión, el dictamen del revisor fiscal, el proyecto de distribución de excedentes, los libros oficiales y demás documentos que soportan las decisiones que adoptará la Asamblea. Este derecho no se extiende a los documentos que versen sobre secretos industriales ni a datos que, de ser divulgados, puedan ser utilizados en detrimento de la entidad y su ejercicio debe respetar el régimen de protección de datos personales de los demás asociados. Finalmente, sobre la forma de ejercerlo, el asociado se presenta en las oficinas de la entidad dentro del término señalado y revisa directamente la documentación, observando el procedimiento que establezcan los estatutos o el reglamento de la Asamblea. La recomendación 2.2 de la Guía sugiere informar a los asociados sobre sus derechos a solicitar información y los canales para hacerlo, y la convocatoria a la Asamblea debería indicar el lugar y el horario en que los documentos estarán disponibles para inspección. Se considera recomendable que las entidades reglamenten este procedimiento para garantizar su ejercicio efectivo y en igualdad de condiciones.

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