Participa

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Para garantizar la participación en el diagnóstico e identificación de problemas, la Superintendencia de la Economía Solidaria, habilita esta sección para que la ciudadanía, grupos de interés y de valor, participen en la construcción, formulación y análisis de información, aportando hechos, experiencias y propuestas a las necesidades y problemáticas que se deben satisfacer y resolver, relacionadas con la gestión de la Entidad.

A través de un proceso participativo, la Superintendencia de la Economía Solidaria, vincula a la ciudadanía, grupos de interés y de valor, en la formulación, implementación y seguimiento de las políticas, planes, programas, proyectos y trámites que facilitan la toma de decisiones, como respuesta a las necesidades tanto de la Entidad, como del sector solidario nacional.

Con el fin de retroalimentar su gestión, la Superintendencia de la Economía Solidaria, canaliza los aportes, percepciones, opiniones y expectativas de la ciudadanía, grupos de interés y de valor, frente a sus políticas, planes, programas, proyectos y trámites, de manera que se prioricen según la identificación de necesidades tanto de la Entidad como del sector solidario, para la toma de decisiones.

La Superintendencia de la Economía Solidaria, como entidad adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, participa y convoca tanto a sus grupos de interés, como de valor, a los laboratorios de innovación convocados por el Ministerio, con el objetivo de identificar nuevos modelos y enfoques que permitan garantizar el desarrollo de las habilidades necesarias para enfrentar los retos de la gestión institucional y sectorial.

La Rendición de Cuentas, es la acción que como deber legal y ético tiene todo funcionario o persona, de responder e informar por la administración, manejo y rendimientos de fondos, bienes o recursos públicos asignados; así como los resultados en el cumplimiento del mandato que le ha sido conferido.

La Superintendencia de la Economía Solidaria, por medio de sus canales de comunicación, pone a disposición de la ciudadanía, grupos de interés y de valor, información oportuna, transparente y eficaz sobre su gestión. Lo anterior, con el fin de que ejerzan el derecho a la vigilancia en la gestión, velando por la correcta inversión de los recursos públicos y garantizando la correcta gestión del servicio.