Lavar activos es tratar de dar apariencia de legalidad a recursos de origen ilícitos. Estos recursos pueden provenir del narcotráfico, la trata de personas, la extorsión, el secuestro, delitos contra la administración pública o el sistema financiero, entre otros. Este delito representa entre el 2 y el 5% del Producto Interno Bruto mundial, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
El Código Penal colombiano, en su artículo 323, señala que este delito se configura cuando: “El que adquiera, resguarde, invierta, transporte, transforme, custodie o administre bienes que tengan su origen mediato o inmediato en actividades de extorsión, enriquecimiento ilícito, secuestro extorsivo, rebelión, tráfico de armas, delitos contra el sistema financiero, la administración pública, o vinculados con el producto de los delitos objeto de un concierto para delinquir, relacionadas con el tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias sicotrópicas, o les dé a los bienes provenientes de dichas actividades apariencia de legalidad o los legalice, oculte o encubra la verdadera naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o derechos sobre tales bienes, o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito…”
Colombia, uno de los países más afectados por este fenómeno, participa en los diferentes frentes de prevención promovidos por organismos internacionales como las Naciones Unidas, el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) y su regional en América del Sur (Gafisud), la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CIDAC) de la Organización de Estados Americanos (OEA), entre otras.
Recientemente, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la Cámara de Comercio de Bogotá y la Embajada Británica en Colombia, lanzaron el programa Negocios responsables y seguros, una alianza pública-privada contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Uno de sus objetivos es facilitar la integración de medidas antilavado dentro del modelo actual de gestión de las empresas y los negocios tanto en el sector financiero como en el real.
Guillermo García,
Representante (E) de UNODC en Colombia.
Sobre el tema, Guillermo García, Representante (E) de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en Colombia - UNODC, señaló: “La UNODC tiene una gran preocupación en Colombia y por eso esta gestión tiene como fin apoyar a las empresas para que se blinden y tengas herramientas para detectar actividades ilícitas a través de las cuales se promueva el terrorismo, el lavado de activos, el narcotráfico y otros delitos conexos como la corrupción.”
El programa Negocios Responsables y Seguros tiene cuatro componentes. Uno de ellos es la formulación de un modelo de administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo para que las empresas desarrollen esquemas de autorregulación en estos temas. “Lo que se busca con este modelo es que los empresarios por sectores identifiquen donde están los riesgos potenciales de ser víctima del lavado de activos, una vez se identifiquen esos riesgos, revisen sus procesos para que tomen sus controles”, expresó María Fernando Campo, Presidenta de la Cámara de Comercio de Bogotá. María Fernanda Campo,
Presidenta Cámara de Comercio de Bogotá
En el marco del programa Negocios Responsables y Seguros también se realizarán mesas de concertación y apoyo entre los sectores privado y público. Sobre estas mesas de trabajo, la presidenta de la Cámara de Comercio de Bogotá, explica: “Las entidades públicas nos dirán, sobre la base de su control y vigilancia, donde se están encontrando con mayor frecuencia situaciones de lavado de activos, cómo se están cometiendo estos delitos para que, a su turno, los sectores empresariales podamos controlar los riesgos al interior de nuestras empresas. Igualmente va a ser un espacio para que los empresarios propongamos medidas normativas o cambios legislativos que permitan que la lucha contra el lavado de activos y financiación del terrorismo pueda ser mucho más eficaz.”

Al programa Negocios Responsables y Seguro, presentado el pasado 19 de noviembre en la Cámara de Comercio de Bogotá, se han vinculado otras entidades privadas y públicas, entre ellas los gremios del sector financiero y comercial, la DIAN, Fiscalía, Uiaf, Policia Judicial y las superintendencias Financiera, de Sociedades y de Economía Solidaria.
Supersolidaria se vincula a NRS
La Superintendencia de la Economía Solidaria se vinculó al programa Negocios Responsables y Seguros por considerarlo una estrategia válida y necesaria para el sector solidario colombiano, también expuesto a este riesgo. "El programa está muy relacionado con nuestro lema institucional: Por unas entidades solidarias confiables. Todo esfuerzo que se realice en este sentido tiene nuestro respaldo y la prevención al lavado de activos y la financiación del terrorismo tiene que hacer parte de nuestra tarea así como de las organizaciones que supervisamos, tanto en el sector financiero como en el real", señaló el Superintendente Enrique Valderrama Jaramillo.
A propósito del tema, en una evaluación que sobre Colombia hizo el Grupo de Acción Financiera Internacional sobre lavado de dinero para América del Sur (Gafisud), se estableció que las normativas aplicadas a las cooperativas que ofrecen servicios de ahorro y crédito requerían criterios específicos para el proceso de debida diligencia del conocimiento del cliente, en especial con respecto de la identificación de beneficiarios finales. Igualmente se planteó la necesidad de reconocer el riesgo potencial de enfrentarse a estos delitos.
En este sentido, y en desarrollo de lo previsto en el artículo 9 de la Ley 1121 de 2006, todas las cooperativas de ahorro y crédito y multiactivas e integrales con sección de ahorro y crédito están sujetas al cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 102 a 107 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, la Superintendencia impartió instrucciones para la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo, las cuales están contenidas en el Título II Capítulo XI de nueva Circular Básica Jurídica - Circular Externa No. 007 de 2008.
EL SIPLAFT
El Sistema integral de prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo(Siplaft) es un conjunto de metodologías y herramientas que deben implementar, entre otras entidades, las cooperativas de ahorro y crédito y multiactivas e integrales con sección de ahorro vigiladas por Supersolidaria.
Estas empresas deben cumplir lo dispuesto en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero para la prevención de estos delitos y, para ello, la Superintendencia de la Economía Solidaria les impartió instrucciones en su Circular Básica Jurídica.
En esta materia, las cooperativas deben contar, entre otros puntos, con infraestructura tecnológica para el monitoreo y consolidación de operaciones sospechosas, capacitar a los Oficiales de cumplimiento y a todo el personal de la organización, y elaborar el manual de procedimientos y el Código de Conducta (ver artículo ABC – Solidario).
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